Por: Dizán Ernesto Alvarado.
Segunda entrega de tres de la serie: ¿De quién es el ajedrez?
Paradoja: «En el tablero, el poder se conquista con inteligencia; en los despachos, debería legitimarse con transparencia».
Después de casi veinticinco años transitando por la dirigencia, la enseñanza, el arbitraje y la organización de más de quinientos torneos, he llegado a comprender que el ajedrez tiene dos escenarios muy distintos: uno donde los jugadores se enfrentan bajo la mirada de un árbitro y otro, menos visible, donde las instituciones toman decisiones que pueden determinar el destino deportivo de miles de personas. En este segundo escenario también se juegan partidas, se calculan consecuencias y se anticipan movimientos, aunque no siempre resulte sencillo identificar quién conduce las piezas o quién mueve los hilos detrás del telón.
Otorgar una sede mundialista no es un simple acto administrativo: representa prestigio, visibilidad internacional, compromisos económicos y, en ocasiones, importantes oportunidades comerciales. Por eso, la pregunta no debería limitarse a quién dispone de un hotel, una sala de juego y los recursos para organizar un campeonato, sino también a cuáles son los criterios que determinan esa elección, qué garantías se exigen y quién supervisa los intereses que gravitan alrededor de cada adjudicación. Porque una cosa es conceder una sede por méritos organizativos y otra muy distinta sería convertirla en una moneda de intercambio dentro de las relaciones de poder federativo.
La Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, reúne a las federaciones nacionales de prácticamente todo el planeta y su Asamblea General constituye el escenario donde se adoptan decisiones fundamentales para el gobierno de nuestro deporte. Cada federación dispone de representación en ese órgano, lo que permite que países pequeños tengan voz junto a las grandes potencias ajedrecísticas. Es un principio democrático saludable, pero también plantea una reflexión que no deberíamos esquivar: ¿qué sucede cuando las relaciones personales, los respaldos políticos, las ayudas económicas y las alianzas entre federaciones comienzan a adquirir un protagonismo que podría desdibujar la independencia de las decisiones? No afirmamos que exista un intercambio generalizado de favores ni que las sedes se adjudiquen mediante acuerdos ocultos; planteamos que, en cualquier organización donde el poder se distribuye mediante votos y existen recursos económicos de por medio, la transparencia deja de ser una cortesía administrativa para convertirse en una obligación moral.
La propia normativa electoral de FIDE contempla la posibilidad de recibir apoyo financiero para gastos esenciales de campaña, pero prohíbe expresamente ofrecer ventajas indebidas a las federaciones miembros. La diferencia es sustancial: una cosa es financiar legítimamente una candidatura y otra utilizar beneficios económicos, servicios o promesas para condicionar voluntades. El problema aparece cuando las fronteras entre ambas prácticas dejan de ser suficientemente visibles. Porque hasta la democracia más elegante necesita ventanas abiertas, y no precisamente para que entren las palomas.
Finalmente, Timur Turlov resultó elegido presidente con 110 votos frente a los 85 obtenidos por Wadim Rosenstein en la segunda ronda. Más allá de las preferencias y posiciones de cada candidatura, lo verdaderamente significativo es que una institución que gobierna el ajedrez mundial debe ofrecer garantías suficientes para que sus procesos electorales no queden envueltos en sospechas recurrentes. Y aquí aparece una ironía digna de una partida de humor negro: los ajedrecistas estamos acostumbrados a exigir que cada movimiento sobre el tablero tenga una explicación, pero cuando las piezas son dirigentes, federaciones y presupuestos, pareciera que algunas variantes se vuelven inexplicablemente difíciles de comentar. No se trata de condenar a nadie por el resultado de una elección, sino de recordar que la confianza institucional también necesita ganar su propia partida. Las adjudicaciones de grandes acontecimientos merecen una mirada igualmente exigente.
En la Asamblea General de Samarcanda de septiembre de 2026, FIDE examinó las propuestas de Catar y Georgia para organizar la Olimpiada de 2030, junto con los acontecimientos asociados. La decisión fue iniciar negociaciones con la asociación catarí, condicionando la firma del contrato a la presentación de garantías organizativas y financieras; Georgia quedó como alternativa si aquellas condiciones no se cumplían dentro del plazo establecido. No hay en ese procedimiento, por sí mismo, evidencia de irregularidad alguna. Sin embargo, ilustra perfectamente la dimensión económica, diplomática y política que acompaña a las grandes sedes internacionales. Organizar una Olimpiada significa movilizar recursos, proyectar una imagen nacional, establecer relaciones institucionales y obtener una extraordinaria exposición internacional.
Por eso resulta legítimo preguntar si los procesos de selección publican suficientemente sus criterios de evaluación, las obligaciones financieras, los compromisos asumidos y los eventuales beneficios para las partes involucradas. Una sede no debería concederse únicamente porque alguien esté dispuesto a organizar el acontecimiento; también debe evaluarse si el país anfitrión ofrece condiciones económicas, logísticas, migratorias y de seguridad que permitan que el mundo realmente pueda acudir. De lo contrario, corremos el riesgo de terminar celebrando campeonatos con impecables ceremonias inaugurales, hermosos escenarios, discursos de ocasión y demasiadas sillas vacías. El ajedrez merece algo más que una fotografía protocolaria para el recuerdo. Quizá haya llegado el momento de que quienes administran nuestro deporte comprendan que el poder no es una propiedad personal ni una recompensa por los servicios prestados, sino una responsabilidad temporal conferida por sus miembros.
Las ayudas económicas deben responder a criterios públicos, las sedes deben adjudicarse mediante procedimientos verificables y las relaciones entre federaciones no deberían convertirse en compromisos que condicionen la libertad de sus representantes. Después de tantos años vinculados a este maravilloso juego, sigo creyendo que su mayor riqueza no está en los despachos, los presupuestos ni las fotografías de los congresos, sino en los jugadores que hacen posible su existencia. Sin ellos no habría campeonatos que adjudicar, federaciones que representar, dirigentes que elegir ni ceremonias que inaugurar. Y, sin embargo, son precisamente ellos quienes con frecuencia tienen menor incidencia en las decisiones que determinan sus oportunidades deportivas.
Tal vez el ajedrez institucional necesite aprender una lección elemental de su propio reglamento: ninguna pieza tiene sentido si se olvida la posición que ocupa dentro del conjunto. Y queda una pregunta que nos acompañará hasta la última entrega de esta serie: si las federaciones son las dueñas de los votos, ¿quién se ocupa de defender los derechos de los jugadores?
Porque quizá el problema más profundo del ajedrez moderno no sea quién mueve las piezas, sino quién termina pagando las consecuencias de esos movimientos.
He procurado que la crónica tenga una crítica firme, pero que no atribuye delitos ni intercambios de favores sin pruebas. Es un tema y debate que casi siempre no trasciende a los jugadores y padres de familia en general. El objetivo perseguido es darles otro prisma desde otro ángulo del entorno que se mueve e implica organizar un evento y la probabilidad que todo esto incida en el éxito o no de un evento determinado. También que estas mismas dinámicas no está exento que se repliquen a lo interno de cada federación nacional con sus asociaciones/clubes afiliados, sobretodo por la fragilidad de las leyes y reglamentos deportivos de cada país. Estos son los antecedentes y argumentos revisados:
Elecciones FIDE 2026: Chess.com – FIDE Election Heats Up As All 3 Presidential Tickets File Complaints. Documenta las reclamaciones y las acusaciones, con sus respectivas limitaciones probatorias.
Resultado electoral: FIDE – Timur Turlov elected President of FIDE. Confirma los resultados de la elección.
Gobierno y adjudicación de sedes: FIDE – Main Decisions of the General Assembly 2026. Contiene la decisión relativa a las candidaturas para la Olimpiada 2030.
Normativa ética: FIDE Ethics and Disciplinary Code. Establece las prohibiciones relativas al soborno, la corrupción y las ventajas indebidas.


