El poder corrompe

Karl Lowenstein habla del “carácter demoníaco” del poder, el hecho de que tiende a excederse y quienes lo detentan a abusar, por eso la limitación del poder es el centro de su Teoría de la Constitución. Quien ejerce poder suele justificarse en su carácter ancilar, en el beneficio que recibe el sometido individualmente o dentro del interés colectivo o de la justicia en general, pero salvo que se sea un santo es difícil resistir la tentación del abuso. Una idea vieja, ya los profetas del Antiguo Testamento dirigían buena parte de sus dardos contra los poderosos. Como dice Miqueas: “para hacer un favor, el príncipe exige y el juez reclama una gratificación; el poderoso manifiesta su avidez y se pervierte la justicia”.

La experiencia común avala que todo el que detenta algún tipo de poder, esto es, la capacidad de influir en la conducta ajena para amoldarla a los propios deseos, sea por medios psicológicos, emocionales o físicos, alguna vez, antes o después, hace un mal uso de él. Afecta a cualquier persona con poder: los padres, los hijos, los cónyuges, los amantes, los hermanos mayores, los maestros, los niños más fuertes del patio del colegio, los sacerdotes, los policías, los jueces, los patronos, los jefes, los gobernantes. El abuso o la corrupción del poder, el ejercicio en exclusivo beneficio propio con desprecio o daño del dominado, está en su propia naturaleza que tiene algo de patológico.

Cuanto mayor es el poder que se ejerce mayor la posibilidad de abusar; como sentenció Lord Acton en el debate sobre la infabilidad papal, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. La máxima concentración de poder se suele producir en la política y en ella encontramos los casos más agudos de abuso y corrupción. Una buena parte de la actividad política se dedica precisamente a limitar y controlar el ejercicio del poder, a tratar de que sus titulares lo utilicen en beneficio de la comunidad y no en beneficio propio o de minorías privilegiadas. Buena parte de las instituciones de un Estado de Derecho están diseñadas para atender a la finalidad de fiscalizar a los que mandan: la división de poderes, la publicidad y transparencia, los sistemas de elección o nombramiento de cargos, la existencia de controles de unos órganos sobre otros. Pero resulta que todos los medios de vigilancia y prevención se revelan insuficientes; antes o después se burlan, se eluden, se les encuentra la vuelta, hecha la ley hecha la trampa. Hay que perfeccionarlos, sustituirlos o complementarlos. El poder tiene una inquietante capacidad de sortear los controles, no hay más remedio que duplicarlos, triplicarlos, echar albarda sobre albarda, asignar vigilantes a los vigilantes, inspeccionar a los inspectores, revisar lo revisado. Acumular interventores, auditores, consejos, órganos de investigación, tribunales, parlamentos, defensores del pueblo, censores de cuentas, fiscales especiales, informes, recursos, reclamaciones, quejas, situar por encima de todos un supremo guardián de la constitución y todavía dudar sobre los controles que habrían de ponerse. El Estado de Derecho no es sino una lucha constante en medio del temporal para cortar las fugas, taponar las grietas, reforzar las compuertas y elevar los diques para intentar que el poder no se desborde.

Pero por encima del poder político, y con frecuencia con mucho más peligro por ser menos evidente, está el poder económico. El dinero compra el poder. A veces con intermediarios que lo ejerciten, a veces directamente (Berlusconi). La fórmula que permite el mayor abuso, sea dentro o fuera de la ley, es acumular poder político y poder económico. El dinero compra la voluntad de quien tiene que aplicar la ley, de quien tiene que vigilar su cumplimiento, de quien tendría que denunciar o informar. Hay algunas recetas sobradamente ensayadas para promover la capacidad de corrupción del poder económico. Desregular en nombre de la libertad económica; privatizar lo público en nombre de la eficacia desplazándolo hacia zonas menos iluminadas; permitir o fomentar la concentración empresarial en nombre de la competitividad; reclutar a la clase política del mundo empresarial en aras de la experiencia, y reclutar a la élite empresarial de entre los políticos; desprestigiar el servicio público y ensalzar la iniciativa privada y el enriquecimiento rápido.

Es sobre todo el mito de la eficacia el que sirve a la causa de concentración del poder, tanto político como económico. Exaltamos a los partidos políticos fuertes, unidos, compactos, con un liderazgo férreo que raye el caudillismo y mantenga prietas las filas; exigimos gobiernos firmes y estables con mayorías sólidas y preferentemente absolutas que generen la confianza de los mercados de capitales. Confiamos en las empresas grandes, con diversificación de actividades, integradas en potentes grupos multinacionales, con amplios mercados en todo el mundo, capaces de imponerse a cualquier competencia y de tener buenas relaciones con cualesquiera gobiernos. Ansiamos el crecimiento, admiramos a los ganadores y queremos un mundo de colosos, vaya si el tamaño importa. La eficacia exige estar por encima de nimiedades e insignificancias. Los que mandan gustan de obviar trámites y papeleos, de agilizar los procedimientos, de pasar por encima de tanto burócrata y leguleyo. Lo importante es hacer las cosas, conseguir resultados, aunque haya que eludir algunos enojosos controles y maquillar algunos datos, con la excusa de que todos lo hacemos, cómo si no vamos a funcionar, por eso se inventó la huelga de celo, si nos ponemos tontos y aplicamos todo el manual o toda la ley colapsamos el sistema. De ahí a torcer las leyes o cambiarlas a medida hay un paso, y de ahí a infringir la ley hay solo otro pasito (de ida, no lo suele haber de vuelta); el poderoso enseguida se sitúa por encima de la ley, por encima de los demás. La raya entre las inocentes irregularidades y las actividades delictivas se suele pasar muy fácil porque en el campo enfangado donde se halla apenas se puede distinguir. Todo vale para ganar, siempre que no te pillen.

Fuente: webs.ono.com